España firma con Argentina un nuevo convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) – España y Argentina han firmado en Buenos Aires el nuevo convenio entre ambos países para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado. El nuevo convenio, firmado por el embajador de España en Argentina y el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, sustituye al anterior, vigente desde 1992, que había sido denunciado, de manera unilateral, por Argentina el pasado 29 de junio de 2012, denuncia que implicó que dicho convenio dejara de tener efectos desde el 1 de enero de 2013. Según Hacienda, el nuevo acuerdo, con efectos desde el 1 de enero de este año, supone una mejora y actualización del anterior y facilita la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones, potenciando el intercambio de información de trascendencia tributaria entre ambos países. Así, el convenio introduce pequeñas modificaciones, como las previstas en el ámbito de la imposición sobre el patrimonio o de los intereses, manteniéndose en el resto del articulado en términos análogos al convenio anterior. Junto con el texto del convenio, se ha firmado un memorando de entendimiento, en el que se contienen varias cláusulas de limitación de beneficios, con el objetivo de poder atacar aquellas situaciones en las que se pudiera producir una utilización abusiva del convenio. Por lo que se refiere a la entrada en vigor del nuevo convenio, ésta se producirá con el intercambio de los instrumentos de ratificación, si bien, se ha establecido la aplicación retroactiva del mismo al 1 de enero de 2013, momento en el cual el convenio denunciado dejó de ser aplicable. Hacienda indica que se evita de esta manera la ausencia de un convenio, que sería un “desincentivo” a la inversión española, por la “inseguridad” que conllevaría y porque podría suponer un aumento de la carga fiscal de las empresas españolas instaladas en Argentina. Por último, el departamento de Cristóbal Montoro afirma que España avanza así en su compromiso de renegociar todos aquellos convenios que por el paso del tiempo y las estrechas relaciones económicas que se mantienen con determinados países, necesitan adaptarse a las nuevas circunstancias.

Hacienda recaudó un 10,1% más en 2012 por control del fraude

Hasta 11.517 millones MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) – La Agencia Tributaria recaudó 11.517 millones de euros por la lucha contra el fraude, un 10,1% más que el año anterior, de los que la mayor parte (10.401 millones) correspondieron ingresos que provienen de las actuaciones de control del fraude tributario y aduanero –excluyendo las declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo y los ingresos por delito fiscal–, que crecieron un 12,6%. Según informa el Ministerio de Hacienda, la mayor parte de estos últimos ingresos se deben a liquidaciones y actos de gestión tributaria, con 8.821 millones de euros (+16,9%), de los que alrededor de un tercio, el 32,3%, se concentraron en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que investiga a las grandes empresas y patrimonios, frente al 28,8% que absorbió en 2011. Por otro lado, los ingresos por minoraciones de devoluciones descendieron un 6,8%, hasta los 1.579 millones de euros, en un contexto, destaca la Agencia Tributaria, de caída de las solicitudes de devolución por parte de los contribuyentes. En cuanto a las declaraciones extemporáneas sin requerimiento recaudaron 1.076 millones de euros, un 7,5% más que en 2011, mientras que los ingresos por delito fiscal, procedentes de encomiendas de recaudación de los juzgados, sumaron 40 millones de euros. De esta forma, los ingresos de las declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo y los ingresos por delito fiscal, conceptos que no se incluyen en los datos de actuaciones de control, sumaron 1.116,33 millones de euros, lo que representa un descenso del 8,75% respecto al año anterior por la caída de ambas variables. AUMENTAN UN 5,9% LAS ACTUACIONES INSPECTORAS La Agencia Tributaria destaca que el pasado año se reforzaron las actuaciones inspectoras, hasta un total de 470.000 sobre tributos internos, un 5,9% más que en 2011. Este incremento se produce fundamentalmente por el aumento del 22% del control en el ámbito de los profesionales, así como por el análisis de signos externos de riqueza, que ha permitido liquidar actas de inspección por un importe superior a los 10 millones de euros. Al mismo tiempo, la deuda liquidada en inspección ha crecido un 3,8%, hasta los 5.722 millones de euros. Dentro de estos datos, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes concentra más del 37% de los importes liquidados. En el conjunto del año, la Agencia Tributaria inspeccionó a 24.772 contribuyentes y liquidó deuda por importe de 5.732 millones de euros, de lo que resulta una deuda media liquidada de más de 231.000 euros por contribuyente, frente a los 227.700 de 2011. En cuanto al control extensivo, el número de actuaciones creció un 16,7%, destacando especialmente la mayor actuación sobre las declaraciones de IVA y Sociedades, donde las actuaciones inspectoras crecieron un 30% sobre 2011. El esfuerzo de control del fraude, destaca el organismo dirigido por Beatriz Viana, se ha trasladado también al ámbito recaudatorio. Así, la Agencia Tributaria ha logrado mejorar su capacidad para ingresar deudas previamente liquidadas y en 2012, las actuaciones de recaudación en fase ejecutiva con ingreso se han traducido en 6.183 millones de euros, un 18,4% más que en 2011. Paralelamente, se han adoptado 2.973 medidas cautelares para garantizar el cobro de las deudas, un 33% más que hace un año, y se han incrementado un 42% las derivaciones de responsabilidad, alcanzando las 7.378 actuaciones. ALQUILERES SIN DECLARAR Por otro lado, la Agencia Tributaria ha remitido más de 400 requerimientos de información sobre entradas de divisas a países que han dejado de tener consideración de paraísos fiscales, al tiempo que ha iniciado 4.700 actuaciones de investigación sobre inmuebles en alquiler a partir de la explotación de los datos sobre consumo eléctrico. En este punto, se ha comprobado que en algunas áreas geográficas un 75% de estos alquileres no se declaraban. Asimismo, se han realizado 985 visitas presenciales para detectar viviendas que se declaran como residencia habitual y que podrían ser realmente segundas residencias, línea en la que se ha detectado riesgo fiscal en el 70% de los casos analizados. Los análisis de la información sobre el cobro con tarjetas ha llevado al inicio de actuaciones sobre más de 780 contribuyentes con un volumen de facturación por este medio de cobro excesivo en relación con las ventas declaradas. Dentro de este perfil de contribuyentes se ha detectado la presentación de declaraciones extemporáneas por un valor superior a los 685.000 euros. PLAN ESPECIAL CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA Por otro lado, la Agencia Tributaria inició la pasada primavera un programa de actuaciones presenciales en sectores y áreas de especial relevancia económica, en el marco de un plan especial contra la economía sumergida. Así, frente a un objetivo inicial de 12.000 visitas, al cierre de 2012 se habían realizado más de 14.300 y se han detectado situaciones de riesgo fiscal en más del 37% de los casos analizados. Además, en 2012 se realizaron 2.200 visitas para la realización de embargos, captación de información y detección de insolvencias presuntas, frente a las 1.600 desarrolladas el año anterior.

El REAF pide una reforma profunda de Sociedades y la fijación de impuestos medioambientales

Cree que el margen para subir el IVA y el IRPF está “prácticamente agotado” tras las últimas subidas MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas de España, apuesta por una reforma “profunda” del Impuesto de Sociedades para mejorar su recaudación, y pide al Estado que establezca determinados impuestos mediambientales y los ceda a las autonomías para que tengan capacidad normativa sobre determinados elementos de los mismos. Así lo ha señalado el presidente del REAF, Jesús Sanmartín, en una rueda de prensa para presentar la publicación ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2013’, donde ha explicado que el margen para incrementar los tipos de IRPF y del IVA están “prácticamente agotado” tras las últimas subidas del Gobierno. Ante esta falta de margen para elevar más los impuestos, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha asegurado que lo que se puede esperar en el futuro para seguir reduciendo el déficit es una “vuelta de tuerca” al funcionamiento de los servicios públicos. Según Pich, aunque todo parece indicar que las subidas de impuestos “han venido para quedarse bastante tiempo”, el Estado debe garantizar una gestión eficiente de los servicios a través de un uso responsable de los ciudadanos con diferentes medidas. Por su parte, Sanmartín ha recordado que la recaudación que aportan los impuestos propios de las comunidades supone sólo el 1,8% de los ingresos tributarios, de forma que, muchas veces, los costes de gestión de estos impuestos superan la recaudación que se obtiene. Para evitar el caos normativo y ya que muchos de estos impuestos se parecen y tratan de gravar el mismo hecho imponible, el REAF propone que el Estado establezca determinados impuestos medioambientales y los ceda a las autonomías para que tengan capacidad normativa sobre determinados elementos de los mismos. Según Sanmartín, lo “lógico” es clarificar la soberanía tributaria, tal y como ha hecho el Gobierno con el tributo a los depósitos bancarios, fijando un impuesto estatal de tipo cero para homogeneizar la situación en las diferentes comunidades. SUBIDAS DE TIPOS EN 2013 A la hora de valorar el año 2013, Sanmartín ha asegurado que las comunidades han usado mucho su capacidad normativa para regular los tributos cedidos, con una tendencia generalizada a subir los tipos que se consolida en el caso del IRPF y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados. Esta tendencia se nota también en el recuperado Impuesto sobre el Patrimonio, puesto que van desapareciendo las bonificaciones generalizadas, y en el de Sucesiones y Donaciones, ya que algunas comunidades han suprimido en 2013 la tributación simbólica de familiares cercanos. En todos los tributos, según el REAF, los beneficios fiscales tienen una aplicación muy restrictiva y se circunscriben sólo a determinados colectivos, con múltiples requisitos y limitaciones de renta. Así, estos beneficios fiscales tienen un impacto recaudatorio muy limitado, a excepción de las bonificaciones o deducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en los territorios donde se aplican. Según el presidente del REAF, la técnica legislativa utilizada puede conducir a cierta inseguridad jurídica porque se legisla mucho, porque a menudo se modifica esa legislación, porque muchas comunidades no elaboran textos refundidos y porque para los contribuyentes es muy difícil conocer todas estas normas. Por su parte, el secretario técnico del REAF, Luis del Amo, ha repasado las principales novedades que han incluido las comunidades autónomas en IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como las tendencias de estos impuestos de cara al futuro. DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES Finalmente, el director del Servicio de Estudios, Rubén Gimeno, se ha encargado de presentar algunos ejemplos que ponen de manifiesto las diferencias que existen entre las regiones. Por ejemplo, Madrid y la Rioja son las comunidades con los tipos más bajos en IRPF, frente a Cataluña, Asturias y Andalucía. En el caso del Impuesto de Patrimonio, el tipo más alto se paga en Extremadura, mientras que Madrid es la única región que mantiene la bonificación del 100%. En este sentido, Pich ha explicado que esta región tiene una política fiscal “clara” basada en transmitir el mensaje de que no gravará patrimonios elevados, que son los que realmente pueden decidir un cambio de residencia en función de la fiscalidad.